Luces y sombras sobre la vivienda en la era Colau

  • Publicat el dijous 25 de abril del 2019 | 12:23
Vecinos del Poblenou acompañando a una familia desahuciada de su vivienda de alquiler
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La llamada “nueva política” -es decir, los partidos que nacieron para canalizar el descontento por la crisis y contra el régimen del 78: Podemos, Bcn En Comú, Las Mareas- suscita al principio enormes esperanzas en un electorado hastiado de la política tradicional. Pero si por las razones que sean (condicionantes políticos, económicos o legales; o simple acomodamiento al poder) no cumple las expectativas que genera, la frustración puede llegar a ser directamente proporcional al entusiasmo que levantó en su origen. Y siendo Colau alguien que accedió a la alcaldía precisamente por ser quien era, por su trayectoria como líder de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) -el movimiento surgido en 2009 como respuesta a la falta de vivienda asequible, uno de los abusos más graves del sistema-, las expectativas en este ámbito debían de ser enormes. ¿Qué fue de ellas?

El 30% para vivienda social
En materia de vivienda, sin duda la normativa “estrella” promulgada por el Ayuntamiento durante el mandato de Colau ha sido la que establece que las nuevas construcciones o rehabilitaciones de inmuebles en Barcelona deberán destinar un 30% a vivienda social, a precios asequibles. Así lo asegura, por ejemplo, la web del Observatori DESC, la entidad social donde la actual alcaldesa trabajó varios años antes de acceder al cargo, así como el portavoz de su gobierno y primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, además de su pareja, Vanesa Valiño, jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda, quien incluso llegó a dirigir la entidad. “Esta norma la impulsaron la PAH, el Sindicato de Inquilinos, la Favb, el Observatori DESC y la ABTS (Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible). Es decir, la impulsó la ciudadanía, no el Ayuntamiento”, afirma Lucía Delgado, portavoz de la PAH de Barcelona. Y por eso mismo, no ve “fisuras” en ella. “Es que la hemos forzado nosotros”, asegura con un punto de orgullo. “Es más” -añade- “la normativa del 30% es un cambio de paradigma en todo el Estado: imagínate, obligar a un promotor privado a destinar ese porcentaje a vivienda social era impensable hasta hace poco. Por eso, ahora los promotores inmobiliarios están interponiendo recursos en contra”.

Salva Torres, por el contrario, sí ve fisuras. Torres es tesorero de Por un Alquiler Público y Asequible-500x20, una asociación surgida en 2006 y que tiene prohibido por estatutos recibir cualquier clase de ayuda o subvención. Este activista denuncia que “quien decidirá si ese 30% destinado a vivienda social se pone a la venta o se dedica a alquiler social, será el promotor. Y obviamente, el promotor preferirá ponerlo en venta”. “Con lo cual” -asegura- “el precariado de esta ciudad, la población más vulnerable, al no tener un perfil financiero, esto es, al no ser solvente económicamente para los bancos, lo tendrá muy difícil para optar a estos pisos. Porque tendrán que pedir una hipoteca, ¿verdad?”. Un argumento que la portavoz de la PAH rebate afirmando que “el 75% de la población barcelonesa puede acceder a la hipoteca de una vivienda social”. Aunque reconoce que el empresario puede, efectivamente, decidir si ese 30% lo destina a venta o a alquiler. “Es una putada”, reconoce.

Programa, programa, programa
Convendrán conmigo en que la mejor forma de evaluar una acción de gobierno es comparar el programa electoral de un partido con las medidas concretas que ese mismo partido pone en práctica tras acceder al poder. Pues bien, en el programa electoral de Bcn En Comú para las municipales de 2015 existía un capítulo titulado “Evitar los desahucios por motivos económicos”, donde figuraban las propuestas que se ofrecían a los barceloneses en materia de vivienda. Veamos.

La primera se titula “Aumentar los recursos de las oficinas de vivienda”. Y nuestros dos activistas coinciden en que el Ayuntamiento ha cumplido este punto. “Ahora existe algo que antes no había” -señala Torres- “son unos equipos llamados SIFO (Servicio de Intermediación y Mediación Municipal), que están integrados en las Oficinas de Habitatge de cada distrito, y que median entre la propiedad y los inquilinos o hipotecados”. Un servicio valioso por cuanto contribuye, en su opinión, a paliar una situación que se da en España y que considera “única” en Europa: “que la mayor parte de los desahuciados son abandonados a su suerte por el Estado y por las administraciones”.

La siguiente medida habla de establecer una “mesa de negociación” con entidades financieras, fondos buitres y grandes propietarios, a fin de que quien no pueda pagar una hipoteca o un alquiler, pueda quedarse en su casa en régimen de alquiler social. “El Ayuntamiento lo está haciendo. Otra cosa es que lo consiga. De hecho, muchas veces no lo consigue, aunque habría que preguntarles a ellos”, afirma Torres. Y revela que desde 500x20 se han dirigido al Consistorio para pedir que “la única solución que dé una Oficina de Vivienda no sea regalar el piso al banco y la concesión de un alquiler social”. “Porque” -denuncia- “lo que está pasando es que, a quienes hicieron esto, se les está acabando el contrato de alquiler social y los bancos no quieren renovarlo”. Y Lucía Delgado asegura que sí se establecen tales “mesas de negociación”, pero que naufragan “porque la propiedad no quiere llegar a un acuerdo; a los fondos y los bancos sólo les interesa especular con la vivienda”.

También falta dinero
La tercera propuesta consiste en que el Ayuntamiento aplique el llamado “derecho de tanteo y retracto” (es decir, que tenga preferencia en cualquier operación de compraventa inmobiliaria) para poder así ampliar el parque de vivienda social. Pero la falta de presupuesto la limita considerablemente, según 500x20. Y en cuanto al siguiente punto -”Garantizar apoyo a los pequeños propietarios afectados por impagos de alquiler”, a la vez que se promueve “el alquiler social de la vivienda” en caso de inquilinos en dificultades económicas-, Salva Torres vuelve a mostrarse pesimista: “en estos casos el alquiler social es imposible porque los contratos ya firmados están en el mercado libre. Si bien es verdad que algunos propietarios han llegado a acuerdos con el Ayuntamiento para ceder sus viviendas en alquiler social, se trata de un porcentaje residual. Como no se les obligue, lo veo difícil”. Y Lucía Delgado confirma que “muchas veces no les interesa ceder sus inmuebles, no ya en alquiler social, sino a un alquiler a precio más bajo que el mercado, el precio que se daba en Barcelona hace cuatro años”.

Finalmente, el último punto del Programa habla de “ampliar el parque de vivienda social” mediante medidas como la construcción de vivienda o multar los pisos vacíos en poder de los bancos. Salva Torres alaba el “gran esfuerzo” municipal en construir vivienda “pese a las limitaciones financieras que impone el artículo 135 de la Constitución”. Pero en cuanto a sancionar a entidades bancarias, Lucía Delgado denuncia que “hasta la primera semana de marzo, en que se han multado a dos fondos buitres por valor de 2,8 millones de euros -sanciones que a nuestro entender llegan tarde, a punto de expirar el mandato municipal-, sólo se habían sancionado a dos bancos en Barcelona. En Terrassa, en cambio, donde hay unas PAH muy activas, han sido 17. Como PAH de Barcelona hemos de hacer autocrítica, pero la responsabilidad es del Ayuntamiento”. Y no es su única queja: “otra de las promesas de Colau era confeccionar un censo de viviendas vacías. Se lo pedimos al principio del mandato y, cuatro años después, aún no está acabado: sólo hay 17 barrios censados de 73”.

¿Vaso medio lleno o medio vacío?
A la pregunta de “¿está satisfecho con la gestión de Ada Colau en política de Vivienda durante su mandato?”, la portavoz de la PAH de Barcelona, Lucía Delgado, se niega a dar una respuesta categórica: “Es que no es una cuestión de blanco o negro, sino que hay 50.000 grises”. Aunque afirma que “si en el Ayuntamiento no hubiera habido el gobierno que ha habido, medidas como la del 30% para vivienda social hubieran sido imposibles o mucho más difíciles de aprobar. Nos han dejado incidir y participar activamente en la vida política, algo impensable en otras épocas, como la del alcalde Trias”.

Por el contrario, Salva Torres, de 500x20, asegura que “ha hecho lo que ha podido dentro de los estrechos márgenes que le deja el sistema; ha quedado muy lejos, no ya de las expectativas de sus votantes, sino de su propio programa”. Es más: “Ha maquillado la realidad, presentando como “éxitos” cosas que no lo eran, porque si decía la verdad tendría un problema de cara a las próximas elecciones”. ¿Vaso medio lleno o medio vacío? Como relataba el periodista Toni Sust en un reciente artículo publicado en El Periódico, la revolución de Ada Colau no ha sido “ni la que auguraban sus detractores ni la que esperaban algunos de sus seguidores”. Seguidores como aquel que exclamaba, desencantado: “Lo que yo esperaba es que derribásemos el Hotel Vela”. De momento, la revolución tendrá que esperar.

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